El Senado

El Senado romano fue la primera institución de su tipo y por mucho tiempo fue considerado como el modelo constitucional en su sentido de Cámara “Revisora”. En nuestra Constitución de 1978 al Senado se le otorgaron la función de representación del pueblo español, la potestad legislativa de forma subordinada, la presupuestaria – de forma subordinada igualmente -, el control de la acción del gobierno y otras muchas que podríamos llamar, que no considerar, “menores”. Pero en caso de desacuerdo con el Congreso de los Diputados éste tiene casi siempre la última palabra, pudiendo imponer su criterio por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. Y ahí está para mí el verdadero problema de nuestra ¿joven? democracia: Los que disponen en el Congreso son por tradición democrática del mismo color que los que deciden en el Senado – actualmente no, pero da igual. Si el Senado rechaza una Ley, el Congreso la aprueba a su vuelta sin problemas amparándose en sus mayorías y pactos -.


Y por eso, y en definitiva, nuestro Senado ha ido muriendo, poco a poco y, me atrevería a decir, no vale para nada. En la práctica sólo la suspensión de una autonomía por causas excepcionales es función única del Senado. Es decir, su única función soberana nunca se ha tenido que utilizar.


¿Para qué vale entonces? ¿Por qué no se reforma? ¿Por qué no se le otorga la representación de los territorios de forma real? ¿Por qué uno de Albacete vale menos que uno de Tarragona en pleno siglo XXI? ¿Por qué no se impide a aquellos partidos regionalistas que tienen menos de un 5% de los votos en el ámbito nacional la entrada en el Congreso para que representen a sus autonomías en el Senado? ¿Por qué tenemos que seguir sometidos a los chantajes periféricos de minorías?


Si el Senado fuera una verdadera cámara de representación territorial ejercería fehacientemente la función de control del gobierno (su verdadera función y la de mayor envergadura para tranquilidad de los ciudadanos). De este modo si en el Congreso se aprobara una Ley que favoreciera, por ejemplo, a dos autonomías de las que ni siquiera quieren ser autonomías, cuando ésta llegara al Senado sería rechazada por las otras quince (entre las que estaría la mía para mi propio regocijo, que todo hay que decirlo) y, lo que es más interesante, con los votos unánimes de las diestras y siniestras regionales. Luego, a su vuelta al Congreso, exigiría – yo - el voto favorable de una mayoría que sobrepasara con creces la absoluta para poder llevarla adelante y no tan sólo el voto de la mayoría que la inició.


En los tiempos de reformas que vivimos, muchas de las cuales son absolutamente innecesarias o, cuando menos, accesorias para la mayoría de los españoles, el presidente del Gobierno que tuviera los arrestos suficientes para hacer algo parecido, fuera del partido que fuera, contaría con mi voto (si es que vale para algo) para siempre. Creo.